Acceso efectivo a un tribunal
Un derecho protegido debe poder someterse a un órgano judicial de forma práctica y efectiva. Obstáculos procesales o económicos desproporcionados pueden vulnerarlo; no siempre se garantiza una segunda instancia.
Analizamos posibles vulneraciones del artículo 6 CEDH y de otros derechos del Convenio, desde la última resolución interna hasta una eventual demanda ante Estrasburgo.
Una sentencia desfavorable no basta. Es necesario identificar la garantía del Convenio vulnerada y su incidencia real.
El derecho a un proceso justo no se limita a poder recurrir. El Tribunal examina la equidad del procedimiento en su conjunto. El artículo 6.1 se aplica a derechos y obligaciones civiles y a acusaciones penales, pero no a todos los procedimientos administrativos.
Examinamos los defectos concretos del procedimiento y su importancia para la equidad global, no únicamente el resultado.
Un derecho protegido debe poder someterse a un órgano judicial de forma práctica y efectiva. Obstáculos procesales o económicos desproporcionados pueden vulnerarlo; no siempre se garantiza una segunda instancia.
Importan la independencia, el tribunal establecido por ley y la imparcialidad subjetiva y objetiva. Perder un litigio no demuestra parcialidad.
Las partes deben, como regla, conocer los escritos y pruebas relevantes y poder formular alegaciones sobre ellos.
Cada parte debe disponer de una oportunidad razonable de defenderse y aportar pruebas sin desventaja sustancial respecto de la contraria.
Deben valorarse los argumentos decisivos y motivarse suficientemente las resoluciones. No existe obligación general de admitir toda prueba ni de responder a cada alegación.
La publicidad del juicio y del pronunciamiento es una garantía, con excepciones justificadas. La vista oral no es obligatoria en todos los procedimientos.
La duración se valora según complejidad, conducta de las partes, actuación de las autoridades e importancia del asunto.
La tutela judicial puede resultar ilusoria cuando una decisión vinculante no se ejecuta en las condiciones exigidas.
El artículo 6.2 y 6.3 protege, entre otros, presunción de inocencia, información de cargos, preparación de defensa, abogado, interrogatorio de testigos e intérprete.
El TEDH no es una «cuarta instancia». La simple discrepancia con la interpretación de la ley nacional o de la prueba no suele configurar una vulneración del Convenio.
Incluso cuando exista una posible vulneración del artículo 6, deben concurrir los requisitos de los artículos 34 y 35 CEDH.
Debe resultar aplicable un derecho del Convenio y existir una vulneración defendible.
Deben agotarse, por regla general, los recursos disponibles y efectivos, planteando sustancialmente la vulneración.
El cómputo parte generalmente de la resolución interna definitiva pertinente, con reglas específicas para cada caso.
La persona u organización debe estar, como regla, directamente afectada por la vulneración.
Riesgos graves de expulsión, extradición o condiciones de detención.
Injerencias estatales desproporcionadas, incluidas algunas cuestiones migratorias.
Libertad de expresión y discriminación en el disfrute de los derechos protegidos.
Los protocolos adicionales no vinculan de igual modo a todos los Estados; debe comprobarse su aplicabilidad.
Identificar el Estado, la resolución, su notificación y los recursos ejercitados.
Examinar artículo 6, otras garantías y admisibilidad; pactar honorarios.
Tras la aceptación del encargo, preparar la presentación en plazo y forma.
No. El TEDH no es una instancia ordinaria de apelación; controla vulneraciones del Convenio.
No siempre. Entrada, residencia y expulsión suelen quedar fuera de la vertiente civil; pueden ser relevantes otros derechos.
En principio, cuatro meses desde la resolución interna definitiva relevante, sujeto al cómputo concreto.
Por regla general, no. Puede declarar la vulneración y acordar satisfacción equitativa conforme al artículo 41.
Muchas demandas se tramitan por escrito; no se garantiza vista oral.
Indique Estado, procedimiento, fecha de la última resolución y vulneración sospechada. La primera orientación es gratuita y no supone examen íntegro del expediente, aceptación del encargo ni suspensión de plazos.